Lo hizo a través de un decreto supremo, que lleva la firma de la presidenta, y consiste en una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
La comunidad trans peruana está en alerta. El Ministerio de Salud de Perú emitió el 10 de mayo un decreto que considera a la identidad trans como una enfermedad mental. De esta manera, dicen, podrán pedir cobertura de salud.
El decreto supremo N° 009-2024-SA, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, consiste en una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), documento que contiene una lista detallada de las condiciones, intervenciones y atenciones que son financiadas a todos los asegurados y que rige en los centros de salud públicos y privados de Perú. Sin embargo, el Ministerio de Salud incorporó nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento, basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), que quedó caduca en 2022 al entrar en vigencia una versión actualizada, la CIE-11.
De tal manera que “el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica” han sido consignados ahora en el capítulo de problemas de salud mental en la cobertura de aseguramiento del país andino a pesar de que la OMS excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades desde hace dos años.
“Esta medida del MINSA lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, no darnos derecho al trabajo, no darnos derecho a la identidad. Esto que ha hecho el Ministerio de Salud fomenta la violencia hacia las personas trans, porque quiere contribuir con la narrativa de que no somos personas sujetas de derecho, quiere colocarnos como personas enfermas”, explicó Leyla Huerta, presidenta de la organización de mujeres trans, Féminas Perú.
La polémica desatada el pasado viernes hizo que diversas organizaciones LGBTI+ se pronunciaran a través de redes sociales. El Ministerio de Salud contestó con un comunicado al día siguiente.
Sin embargo, Manuel Siccha, abogado e integrante de la comunidad LGBT, hace hincapié en que esta expresión de rechazo a la estigmatización de la diversidad de género y sexualidad debe respaldarse con acciones concretas que protejan los derechos y la dignidad de las personas LGBTI.
“Instamos al Congreso de la República a ejercer su función fiscalizadora y requerir al Despacho Ministerial de Salud información detallada sobre las salvaguardas implementadas para evitar la patologización y garantizar una atención integral y respetuosa para las personas LGBTI en el sistema de salud peruano. Además, cabe la propuesta para que desde la Comisión de Salud del Congreso se abra un espacio de evaluación y debate sobre esta normativa con actores importantes tanto del lado técnico, político como del lado de sociedad civil que debió ser convocada y consultada”, detalló Siccha.
Los diferentes colectivos, organizaciones y activistas de la comunidad LGBTI se han reunido y han determinado dos acciones. Primero, pedir la derogación de este documento oficial. Segundo, pedir que el Sistema Nacional de Salud se actualice e implemente el CIE-11, acciones que irán acompañadas de movilizaciones en las calles.
La organización no gubernamental Más Igualdad Perú recolectó las firmas de 414 profesionales de la salud mental y 176 representantes de asociaciones LGBTIQ+ y de derechos humanos para pedir al Ministro de Salud, César Vásquez, que cancele la inclusión de la población trans en el capítulo de “trastornos mentales y del comportamiento”.
“Es peligroso y preocupante utilizar documentos que hacen referencia a categorías diagnósticas obsoletas y que no responden a la realidad científica y social de las personas con diversidad sexual y de género”, subraya la ONG
¿Este decreto supremo beneficia a las personas trans?
Diferentes especialistas de la salud peruanos han comentado a través de redes sociales que el contenido detallado del Decreto Supremo Nº 009-2024-SA es beneficioso para la comunidad trans ya que ahora podrán recibir tratamiento hormonal gratuito. Sin embargo, esta aparente acción positiva tiene un gran costo legal y social, puesto que le da a los antiderechos LGBT un argumento oficial para decir que las personas trans sufren un trastorno mental debido a su identidad de género.
De esta manera se verían truncados los procesos judiciales de cambio de sexo y nombres en el Documento Nacional de Identidad. Tendrían problemas para acceder a un trabajo formal, además de exponerlas a maltrato por parte de los profesionales de la salud que atienden en los centros médicos a nivel nacional.
Más preocupante aún es que esta acción por parte del Estado le ha abierto la puerta a las llamadas “terapias de conversión”. Ya que bajo la excusa de que “necesitan ser curadas”, las personas trans podrían ser sometidas a tratamientos violentos, deshumanizantes que hoy por hoy son considerados como tortura por los organismos internacionales de derechos humanos.
Ante la ola de críticas, el Ministerio de Salud emitió un comunicado contradictorio: sostienen que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos, pero no se retractan ni realizan una autocrítica. Justifican el decreto, aduciendo que es para “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental”.
